EXPERTOS DE LA U. MAYOR ANALIZAN CASO MATAQUITO Según los últimos reportes, fueron cerca de 50 mil los litros de desechos tóxicos vertidos en las aguas del río Mataquito. El origen estuvo en la planta de celulosa Licancel. Las primeras evaluaciones aseguran que el hecho causó serios daños en la flora y fauna del lugar.
Esta fue la segunda descarga de riles (residuos industriales líquidos) que la planta arrojó al curso fluvial en menos de dos semanas, alcanzando a contaminar más de 12 kilómetros del río. Licores negro y verde, soda cáustica y otros contaminantes fueron evacuados. Se estima que las fallas se produjeron en la cámara neutralizadora y déficit en la laguna de emergencia de la planta.
Celulosa Arauco ya admitió su responsabilidad en la mortandad de peces y comunicó su decisión de detener preventivamente el funcionamiento de la planta. De la misma manera trabaja en la constitución de un equipo que investigue los sucesos.
Dos expertos de la Universidad Mayor consultados por el incidente, estiman que estos accidentes podrían haberse evitado si la infraestructura no hubiese tenido problemas de diseño y una baja capacidad de responder de manera efectiva a las emergencias.
Para José Leal, Director del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor, resulta preocupante que Celulosa Arauco, empresa forestal del Grupo Angelini, se haya visto involucrada en sucesivos episodios de vertidos contaminantes sin que aún tenga un comportamiento más adecuado o una respuesta acorde con el impacto que han tenido sus acciones.
Leal asegura que la respuesta de condena que ha tenido el gobierno frente a este desastre era esperable. Sin embargo, esto no se condice con la extrema debilidad e indiferencia con que se ha enfocado el tema ambiental en el país. "Es muy fácil para la Ministra y otras autoridades utilizar a CELCO como chivo expiatorio para mostrar fortaleza, pero en el fondo se trata de una impostación de voz oportunista y nada coherente con lo que la ciudadanía espera. No puede ser que se escuche la elocuencia de la autoridad sólo cuando un tema es levantado por la ciudadanía y recogido por los medios. El tema ambiental en Chile es cada día más dramático. Las instituciones simplemente no funcionan".
A modo de ejemplo, el académico señala que a nivel nacional es casi desconocido el continuo vertimiento de efluentes contaminantes en la bahía de Talcahuano por parte de la empresa estatal ENAP, en un lugar que ya no resiste más agresiones ecológicas.
"Aquí no hay nada que responda a una política pública, sino un revuelo con cobertura de prensa en torno a un hecho condenable pero posible en la operación industrial, que hace aparecer como hecho catastrófico un episodio puntual. Como en otros ámbitos de la política pública -cultura, transporte público, salud- las falencias son opacadas por sucesos llamativos, lo que no les quita su gravedad. Son un síntoma de la escasa seriedad de la política ambiental en el país; y de la pobre respuesta de las empresas y de la indiferencia frente a la inquietud de la ciudadanía", sentencia.
Por su parte, el Dr. Valdovinos, Jefe del Centro de Investigaciones Ecotoxicológicas de la Universidad Mayor (CIE MAYOR), es enfático en manifestar que a simple vista se puede apreciar que la emisión de licores y residuos al río Mataquito es mucho mayor de lo que la empresa declaró: "hay carpas muertas y las carpas son peces muy resistentes a la agresión ambiental, las cuales posiblemente murieron por la falta de oxígeno disuelto en la columna de agua, producto de la gran cantidad de materia orgánica vertida al río, través de los riles de la planta".
A su parecer, estos accidentes ambientales se producen por la escasa proactividad que muestra el empresariado en estas materias y a la ineficiencia de la institucionalidad ambiental del país: "los empresarios esperan a que se dicte una norma para cumplirla y ponerse al día. El desarrollo económico ha sido explosivo pero no sustentable y el diseño y aplicación de la legislación ambiental ha respondido en gran parte a la visión cortoplacista de nuestros gobernantes y del sector industrial".
En esta misma línea Valdovinos agrega que existe un problema grave de fiscalización: "el nuevo Ministerio debería asumir el rol de coordinador de las inspecciones para asegurar que las empresas e industrias cumplan el Decreto Supremo 90, que establece la concentración máxima de contaminantes permitida para residuos líquidos descargados por fuentes emisoras a los cuerpos de agua marinos y continentales de Chile", puntualiza.
El académico explica que este problema se ve agravado por la falta de recursos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. Considera que una repartición con estas responsabilidades debiera contar con expertos con grados de Magíster y/o Doctor para enfrentar de la mejor manera estas situaciones.
Valdovinos reconoce que la instalación de celulosas siempre ha sido un tema complejo a nivel mundial. Sin embargo, asegura que países como Canadá y Estados Unidos han logrado minimizar estos impactos a través de exhaustivos manejos de cuencas hidrográficas, gracias a una normativa jurídica moderna y eficaz: "en estos países se efectúan monitoreos químicos y biológicos, costeados por las empresas principalmente y fiscalizados por expertos del gobierno", asegura. A su juicio, existe una presión internacional para que Chile actúe en esta área de manera acorde a los niveles de desarrollo económico registrados en los últimos años.
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